“El comercio por el Pacífico crece y las necesidades de Puerto Caldera son una prioridad nacional y deben abordarse como tal. El costo de más retrasos, o permitir que colapse el puerto, lo pagarán todos los costarricenses, puesto que la saturación del puerto del Pacífico impacta a diversos sectores de la economía nacional, afecta a la reactivación económica nacional y, con ello, la generación de empleo de calidad”, indicó Enrique Egloff, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
El contrato de concesión actual de Puerto Caldera se hizo para administrar una infraestructura que ya era obsoleta al momento de iniciar la contratación, y para brindar servicios portuarios, limitados claro está a la infraestructura existente. Nunca se trató de una concesión para construir un puerto nuevo, acorde con estándares internacionales y que considerara las necesidades de crecimiento.
Dado que los cambios no pueden abordarse desde la infraestructura porque las concesiones actuales no lo permiten, deben buscarse alternativas en la operación logística. Por eso, comprendemos la necesidad de implementar el mecanismo de pre-stack en Puerto Caldera y traslado directo a los estacionamientos transitorios (ETs) para evitar el colapso inminente del Puerto. Esta alternativa debe ser complementada con acciones que permitan reducir los costos y evitar cargas adicionales para el sector productivo nacional.
La saturación llegó hace muchos años y el colapso total ahora es cuestión de tiempo. El contrato de concesión se encuentra próximo a finalizar y debe acelerarse el proceso para contar con un nuevo contrato que aborde finalmente las necesidades de modernización del Puerto. Si realmente queremos acceder a los mercados asiáticos necesitamos una infraestructura acorde con el reto.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), determinó una serie de disposiciones para esta institución como fiscalizadora y supervisora de concesiones públicas. Esta auditoría no se hizo a la concesión en sí misma, ni al contrato de concesión, ni a la concesionaria, tal como indica el informe titulado “Cumplimiento del INCOP en el control de las concesiones de Puerto Caldera”.
Las recomendaciones de la CGR, -informe que fue impugnado por el INCOP debido a diferencias técnicas de fondo-, deben ahora traducirse en actuaciones concretas. Esta acción del ente fiscalizador deberá ser garante de la seguridad jurídica y del respeto a las condiciones contractuales y legales, pilares fundamentales para que el país continúe gozando de confianza y credibilidad para la atracción de inversiones.
Para más información: https://cicr.com/noticias_pt/la-paralizacion-de-puerto-caldera-la-pagaremos-todos-los-costarricenses%EF%BF%BC/
