Tres meses sin recuperar su mercadería y 339 contenedores aún retenidos. Las alternativas: esperar el pago de una millonaria fianza o el abogar por un transbordo con elevados costos logísticos. Esta es la situación actual de los comerciantes costarricenses con mercadería en los contenedores varados en El Salvador desde el 14 de setiembre, debido a un accidente del vapor de transporte, en el cual se perdió parte de la carga.
El panorama es complicado desde cualquier punto de vista. La naviera principal —Caribbean Express— no tiene contacto directo con los dueños de la mercadería, sino que cada compañía contrata agentes u otro tipo de intermediario y el flujo de información y las negociaciones se maneja de manera individual y no en grupo. “Esto hace que las soluciones y la información no sea fácil de tener a primera mano. El pago de la fianza es con el dueño del barco y este es quién en algún momento decide si la paga o deja que trabajen el barco para un transbordo”, explicó Adrián Mora, de AML Consultoría.
El 25 de noviembre, la Autoridad Marítima Portuaria del El Salvador (AMP) indicó en una carta, enviada a la Embajada de Costa Rica en ese país y que fue compartida por un empresario afectado a EF, que el buque Caribbean Express se encuentra en la zona de fondeo en aguas territoriales. Se le impuso, además, la medida cautelar de no autorizar el zarpe hasta que el corresponsal “P&I Maritime Claims Administration LLC” (dueño del buque) deposite una fianza de $5 millones para “la localización de los contenedores, extracción, disposición final y resarcir los daños ocasionados al medio ambiente”, precisa el documento.
La multa había sido confirmada en una reunión “de urgencia” celebrada el 27 de octubre, en la cual participaron las autoridades salvadoreñas; Julio Castilla, el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR); Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop); y Mónica Segnini, miembro de la junta directiva de la CCCR y co-coordinadora de la Comisión de Comercio Internacional de esa entidad.
En ese espacio los intermediarios discutieron posibles opciones para el transporte de la carga, que incluye el envío en otro barco o su movilización por tierra. Sin embargo, estas soluciones no se han llegado a materializar. El 14 de setiembre, 21 contenedores cayeron del Caribbean Express 21016S frente a costas salvadoreñas. La AMP aclaró en la carta que la no autorización del zarpe es exclusiva para este buque y que no están incluyendo en ningún momento restricciones a la carga o mercadería.
“Se reafirma que los agentes navieros son libres de realizar los movimientos de descarga de los contenedores en el Puerto de Acajutla para su transbordo ya sea a otro buque o para ser transportada por vía terrestre, previo procesos aduanales y pago de servicios portuarios requeridos para tal operación, según pliego tarifario vigente del Puerto de Acajutla”, precisó la autoridad salvadoreña.
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