El Gobierno ha presentado en el Parlamento británico un plan alternativo para reformular el denominado Protocolo de Irlanda del Norte. Y, aunque se ha cuidado de no detonar, de momento, la amenaza de acciones unilaterales, reconoce que se dan ya las circunstancias para activar los mecanismos que permitirían suspender parte del acuerdo de divorcio sellado in extremis
El Reino Unido llevaba tiempo advirtiendo de que lo pactado para evitar los controles en el linde terrestre con la República de Irlanda (territorio comunitario) es insostenible para las empresas británicas, pero tras incontables horas de negociación para hallar la cuadratura del círculo, ha decidido pasar la pelota al tejado de Bruselas con un planteamiento que pretende reescribir lo firmado en diciembre de 2019, o lo que es lo mismo, desafiando directamente el rechazo de las autoridades comunitarias a enmendar la solución de compromiso que reubica en el mar de Irlanda la frontera de facto entre el Reino Unido y la UE.
Su idea no es radicalmente nueva y pretende proteger la separación invisible, sin infraestructura física, entre Irlanda del Norte (perteneciente al Reino Unido) con la República de Irlanda, una cuestión anatema para ambas partes, ansiosas por preservar la paz sellada en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo, tras décadas de conflicto paramilitar. Si el problema es que los controles generan un Reino Unido de dos velocidades y menoscaban su soberanía post Brexit, al poner a Irlanda del Norte a la par con la UE, Londres propone eliminarlos mediante fórmulas basadas en la confianza y el reconocimiento mutuo de sus respectivas normativas.
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